¿Un administrador debe responder de las deudas de una sociedad?

Dinero

Desde hace varios meses me preguntan bastante acerca de si es posible condenar a un Administrador a pagar deudas de una sociedad. Debemos plantear algunas cuestiones previas antes de abordar el asunto.

En primer lugar indicar que, como sabemos, las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica propia. Es decir que son entes sujetos, por si mismos, a derechos y obligaciones pero que requieren, para la intervención en los negocios jurídicos, de una o varias personas físicas que ostenten capacidad de representación suficientes. Por lo que en principio, los administradores no deberían ser responsables de las deudas de una sociedad.

Pero es importante dejar claro también que ser Administrador de una sociedad, en sus diversas formas de actuación: solidario o mancomunado, consejero delegado…, se le exige una serie de deberes para que no pueda ser condenado por deudas de la sociedad. Pero ¿cuáles son esos deberes? Para ello debemos acudir al Capítulo 3 del Título IV de la Ley de Sociedades de Capital donde indica, de forma resumida:

Art. 225: Deber general de Diligencia por el que el administrador debe actuar como un ordenado empresario respetando las obligaciones expuestas en otros textos normativos.

Art. 226: Protección de la discrecionalidad empresarial por el que se establece un deber genérico de buena fe en la toma de decisiones.

Art. 227: Deber de lealtad que se concreta, además, en el artículo 228.

Art. 229. Evitar situaciones de conflicto de interés.

Es decir, que si se siguen de forma concienzuda estos deberes redactados de forma general, la responsabilidad de los administradores, desde un punto de vista mercantil, quedaría limitada, en primera instancia.

Hechas las anteriores precisiones, la respuesta a la pregunta de si un administrador debe responder con su patrimonio de las deudas sociales, la respuesta es sí. Si porque así lo ha venido considerando la doctrina. Como muestra, la SAP de Madrid de 22 de diciembre de 2011 recuerda que

“este tribunal ha afirmado en numerosas ocasiones, que la jurisprudencia ha declarado que la desaparición de hecho de una sociedad eliminándola de la vida comercial o industrial sin que sus administradores hubiesen tomado las medidas oportunas para su disolución y ordenada liquidación en cualquiera de las formas prevenidas legalmente constituye una negligencia grave de la que causalmente se deriva un daño, apreciándose el nexo causal con arreglo a criterios de adecuación, que permiten considerar el acto antecedente como una causa natural, adecuada y eficiente para producir el resultado lesivo ( sentencias del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1991 , 22 de abril de 1994 , 6 de noviembre 1997 , 4 de febrero de 1999 , 19 de abril de 2001 , 14 de marzo de 2007 y 14 de mayo de 2008).

Tal conducta incurre en una vía de hecho, al realizarse al margen de los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, lo que sólo se garantiza bien mediante un procedimiento liquidatorio o bien acudiendo al proceso concursal. Basta con demostrar el daño sufrido por la parte acreedora demandante, inherente al hecho de cercenársele la posibilidad de cobrar su crédito, y el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora para que el nexo causal entre uno y otro se presuma, salvo prueba en contra del administrador demandado, en este sentido, sentencias de este tribunal de 19 de abril de 2.007 , 7 de febrero de 2008 , 18 de marzo y 22 de mayo de 2009 , entre otras”

Lo que, del texto anteriormente expuesto, se pretende reprimir no es la falta de activar del mecanismo disolutorio o concursal legalmente establecido al efecto, sino la desaparición del patrimonio de la sociedad sin seguir los cauces legales. El no sometimiento al proceso previso contraviene cualquier ulterior mecanismo de protección  en defensa de los intereses de los acreedores sociales, que solo cuentan con dicha masa patrimonial para la satisfacción de sus créditos. Una consideración contraria sería difícil de encuadrar en un sistema de falta de protección de los acreedores.

Los pronunciamientos judiciales se hacen eco de esta problemática. Podemos citar en primer lugar la STS de 14/3/2007 según la cual la jurisprudencia admite, en régimen de concurso ideal, la responsabilidad individual y la responsabilidad por deudas, diciendo que

“… la desaparición de empresas sin haberse practicado la oportuna liquidación comporta una vulneración de la ley y puede llevar consigo un perjuicio para los titulares de créditos pendientes que no han podido controlar la liquidación de la mercantil ni el destino final de su patrimonio. La vulneración de un deber legal tan esencial comporta la existencia de culpa, salvo prueba por parte de los administradores de que su actuar individual no fue negligente.
El ejercicio de la acción individual de responsabilidad responde por ello con frecuencia a supuestos en que los derechos de crédito de acreedores de la sociedad se han visto perjudicados por la actuación de los administradores que, ante situaciones de grave crisis económica, no adoptan medidas para la regularización de su patrimonio o no proceden a su disolución a través de los cauces legales, impidiendo controlar a los terceros interesados el destino del patrimonio social. Es cierto que la acción encaminada a exigir la responsabilidad ope legis [por ministerio de la ley] fundada en el art. 262.5 LSA elude la dificultad de probar la concurrencia de los requisitos necesarios para que prospere la acción individual (negligencia, daño y relación de causalidad); pero esto no supone que el ejercicio de la acción individual sea improcedente, en estos supuestos, si se demuestra la existencia de negligencia y de un daño concreto en el patrimonio de los acreedores“

Y ante la desaparición de los activos de la sociedad sin instar su liquidación, careciendo de medios suficientes para hacer frente a sus deudas, concluye:

Existe una lesión directa a los intereses de la actora, consistente en el imposible cobro de una deuda judicialmente declarada“ y “ la existencia de una relación de causa a efecto entre la culpa y el daño, pues, ante las dificultades económicas de la empresa, los administradores no se ha probado que realizaran actuación alguna eficaz para respaldar las obligaciones de la sociedad, y, una vez constatada la imposibilidad de cumplir el fin de la sociedad y desparecidos prácticamente sus activos, no procedieron a la disolución, sino que se limitaron a negociar con los acreedores de manera desordenada acuerdos para saldar sus respectivos créditos o buscar fórmulas de reflotamiento de la empresa que no tuvieron viabilidad alguna, colocando a los acreedores sociales en una situación de imposibilidad para el cobro total o parcial de sus créditos mediante una liquidación ordenada de la sociedad que respetase el principio par conditio creditorum [igual condición de todos los acreedores]”.

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8 pensamientos en “¿Un administrador debe responder de las deudas de una sociedad?”

  1. Buenas José María,

    Acabo de descubir tu blog, quería saber si también hablas sobre Derecho Internacional. Muchas gracias

  2. Buenas José María,

    Acabo de descubrir tu blog, quería saber si también hablas sobre Derecho Internacional. Muchas gracias

  3. Soy el presidente de una cooperativa agraria y desgraciadamente un trabajador sufrio un accidente grave hace un año y le han dado la invalidez total al ser muy joven la seguridad social nos reclama una enormidad de dinero, que esta cooperativa no puede pagar de ninguna manera, yo como presidente tendría que hacer frente a esta deuda?

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